HIDROVÍA PARANÁ-PARAGUAY: SANTA FE PIDE MAYOR CONTROL Y FISCALIZACIÓN

Días atrás, la Cámara de Senadores de la Nación aprobó la creación de la Comisión Bicameral de seguimiento y control de la licitación y funcionamiento de la Hidrovía Paraguay-Paraná y del sistema de navegación troncal con jurisdicción en Argentina. Mientras esperan el tratamiento en Diputados, destacan que se trata de una oportunidad histórica para defender la soberanía en el control de una vía estratégica para el comercio exterior argentino.

Puerto de Santa Fe

Desde hace 25 años y hasta hoy, el concesionario es Hidrovía S.A., una sociedad conformada por el grupo belga Jan de Nul y el holding argentino Emepa. Dicha concesión venció y se prorrogó por 90 días que vencen a fin de julio de este año. La intención es que las distintas provincias argentinas puedan ser parte del debate por la administración de una vía estratégica para el país, tras que en diciembre de 2020 se creara el Consejo Federal de la Hidrovía.

El Senador Nacional Roberto Mirabella explicó la necesidad de que la provincia sea protagonista del debate. “Sería importantísimo que podamos ser sede del Consejo, teniendo una participación activa en el control y la fiscalización del futuro concesionario y pudiendo discutir cómo será el pliego de la futura concesión”.

Desde el Puerto de Santa Fe valoró la reactivación del ente a través del cual hoy se exportan 80 millones de toneladas de producción. “Hace 25 años exportábamos solamente 7 millones de toneladas. Además de las inversiones, la hidrovía ha sido un canal estratégico para el crecimiento y hoy se exporta a más de 130 países del mundo”, señaló.

Ante la demanda de los Senadores Nacionales, el nuevo llamado a licitación para nuevas empresas deberá contemplar aquellos requerimientos que nacen desde los puertos regionales y a partir de demandas del Consejo Federal de la Hidrovía, que busca tener voz y voto en la definición. Mirabella se mostró optimista, asegurando que “habrá en el futuro otro modelo concesionado con un rol más activo del Estado en el control, la fiscalización y las exigencias a las empresas concesionarias”.